El Director General de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Eduardo José González Angulo, fue imputado fiscalmente por la Contraloría General de la República, por presunta responsabilidad en corrupción en el manejo de las ayudas humanitarias durante la pandemia de Covid-19.
Según el ente de control, el director de la entidad deberá responder por 5.703 millones de pesos y todo el daño fiscal es por 16.637 millones de pesos.
La investigación se centra en que la Unidad de Gestión de Riesgo, estableció una tarifa única para todo el país de $117.000 por kit de alimentos de ayuda humanitaria de emergencia, encontrando que hubo sobrecostos, faltantes en cantidad y entregas incompletas de mercados destinados a personas afectadas por la emergencia sanitaria y ante eso el director suscribió las solicitudes de ratificación y las autorizaciones de desembolso de las órdenes.
la Contraloría ya había abierto un proceso de responsabilidad fiscal contra González en octubre del 2020, por haber suscrito contratos con una empresa que habría hecho parte de un cartel de contratación en el Programa de Refrigerios Escolares en la capital del país. Proalimentos Liber S.A.S se habría quedado con distintas licitaciones por hasta 1,5 billones de pesos por más de una década (2007-2017), según el pliego de cargos de la SIC consignado en la resolución 46587 de 2018.