La Asociación de Usuarios Campesinos de Colombia ANUC Cauca, denunció el desplazamiento forzado a 122 familias que se encontraban acentuadas en la Hacienda San Joaquín, en el municipio de Balboa, predio adquirido por la agencia Nacional de Tierras para resarcir los derechos de las comunidades campesinas; pero cuyo proceso se ha visto enmarcado en improvisaciones e irregularidades.
De acuerdo a miembros de la ANUC, esa finca debería haber sido adjudicada a los campesinos, sin embargo, ese proceso aún no se realiza por parte de la Agencia Nacional de Tierras, por lo que las familias por el momento solo están en posesión de esos predios.
A la actual problemática se suma la presencia de cultivos ilícitos en la zona, factor que ha propiciado que grupos armados al margen de la ley quieran usar esas tierras para la siembra de coca. Esto habría generado que desde hace varios meses surjan amenazas contra las familias que venían habitando el lugar.
Al respecto la ANUC, explicó que hoy fueron amenazadas otras tres familias y además circula un panfleto donde se específica que tienen 48 horas para salir de la zona o sino los matan.
La compleja situación no termina ahí, voceros de la ANUC además denuncian que existe un grupo o fuerza oscura, que algunos se atreven a llamar paramilitares, que ha venido destruyendo lo que los campesinos han edificando, han destruido los ranchos y empujado las puertas en horas de la noche, todo para intimidar a las familias y lograr que salgan del territorio.
Y es que no han sido simples amenazas, ya se ha registrado atentados, uno de ellos contra Juan Camilo Bacca, asociado de la ANUC, quien milagrosamente hoy vive para contarlo.
“Ahí en la finquita tenemos café y plátano y yo me disponía a subir un ganado cuando sentí el impacto y caí de rodillas; me cubrí la herida con la mano buena y salí a correr mientras sonaban las ráfagas de tiros. Los vecinos me sacaron para el hospital y desde ahí no hemos vuelto con toda mi familia”, aseveró Juan Camilo.
La ANUC responsabiliza a la agencia Nacional de tierras, y le exige sanear el predio titularlo y posesionar como corresponde a estas familias que solo quieren sembrar la tierra, trabajar legalmente y que respeten sus derechos.
Por lo pronto las familias campesinas se desplazaron en su mayoría a la ciudad de Popayán, donde irán a las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras para exigir sus derechos.