La Fiscalía General de la Nación imputó cargos ante una juez de garantías de Bogotá al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y a otras siete personas por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los delitos imputados, según el rol y grado de participación individual, incluyen concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
La investigación de la Fiscalía detalla que, entre marzo de 2023 y mayo de 2025, Manrique Soacha habría facilitado la entrega de 100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio, el exdirector habría solicitado el direccionamiento de los contratos derivados de estos recursos y el pago de una coima del 7%.
Los contratos bajo la lupa están relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, el suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potable, las interventorías de estos proyectos y servicios de topografía a nivel nacional.
Entre los imputados figuran el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, todos ellos contratistas de la UNGRD. También fueron imputados Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas de la Corporación Mixta Yapurutú, respectivamente; Jorge Aristizábal Rodríguez, asesor de la dirección del DAFP; y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratista de la UNGRD.
La Fiscalía señaló que Luis Carlos Barreto Gantiva, entonces subdirector de riesgo de la UNGRD y quien ya fue judicializado, habría recurrido al abogado Riveros Rey para seleccionar las empresas y particulares que participarían en las invitaciones a contratar, así como para definir la asignación de cada contrato.
Por su parte, Romero Hernández y Cárdenas Angulo, presuntamente, estructuraron los procesos contractuales, ajustaron las condiciones jurídicas, técnicas y financieras para favorecer a los contratistas, entregaron información reservada y aprobaron la selección de los adjudicatarios definidos de antemano.
Uno de los contratos investigados es la adquisición de 40 carrotanques pequeños para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira, suscrito en octubre de 2023 por 29.000 millones de pesos. Esta orden de proveeduría fue presuntamente adjudicada de forma ilícita a la Corporación Mixta Yapurutú.
Se constató que Echeverri Toro y Estupiñán Bravo, de la Corporación Yapurutú, habrían realizado actos ilegales como la presentación de una propuesta comercial con sobrecostos, la falsificación de documentos privados, la solicitud del desembolso del contrato sin haber entregado los vehículos y el pago de coimas.
El suministro de los carrotanques presentó un sobrecosto de 13.164 millones de pesos. De este monto, se habrían entregado 3.000 millones de pesos como coima a Manrique Soacha, mientras que se consolidó un peculado en favor de Riveros Rey por 2.060 millones de pesos y de 6.380 millones de pesos para los directivos de Yapurutú.
Una parte del dinero apropiado ilegalmente fue consignada en una cuenta bancaria de Riveros Barbosa, quien realizó nueve retiros en efectivo por 3.000 millones de pesos, recursos que, según la Fiscalía, entregó a Luis Carlos Barreto para que fueran a su vez entregados a Manrique Soacha a través de su asesor, Aristizábal Rodríguez.