El Secretario de Educación y Cultura del departamento del Cauca, Octavio Guzmán, expuso ante medios de comunicación las razones por las cuales las instituciones educativas afrontan dificultades para poder tener el esquema completo del Plan de Alimentación Escolar y por ende la cobertura para toda la población estudiantil. Según el funcionario, el Gobierno Nacional destina un monto de $25.000 millones, para atender una demanda de 208 mil estudiantes en Cauca, cuyo costo se eleva a los $62.000 millones; de parte de la Gobernación, el ente territorial hace un aporte de $25.000 millones, quedando un faltante de $12.000 millones, razón por la cual se debe realizar una caracterización de necesidades y cubrir determinada población estudiantil, priorizando jornada única, comunidades indígenas, estudiantes de educación inicial, grados de primero a once de sedes rurales y de primero a quinto en cascos urbanos, lo que deja por fuera a estudiantes de sexto a once de cabeceras municipales, logrando una cobertura de 172.000 alumnos en los 41 colegios no certificados del departamento.
Dijo el Secretario de Educación y Cultura del Cauca, que, se necesita hacer un consenso con los alcaldes y padres de familia para exigir al Gobierno Nacional la asignación de más recursos y poder llegar a la cobertura universal, pero también pidió que las alcaldías dispongan de aportes que permitan nivelar la actual situación que se presenta en materia de cobertura.
De otra parte se refirió a las protestas realizadas en la vía panamericana por la comunidad educativa de El Mango en el municipio de Piendamó, donde se presentó bloqueo de la carretera internacional, como presión para detener la salida de docentes que por falta de alumnos deben ser enviados a otros planteles de no elevarse la matrícula de niños que cubran los cupos necesarios para mantener las plazas de maestros.
Ante la dedicada situación por reclutamiento de niños en el diferentes zonas del Cauca, Octavio Guzmán, dijo que se deben activar las alertas tempranas para poder atender a tiempo el riesgo que afronta la población infantil y juvenil de ser raptados por grupos armados al margen de la ley; alertas tempranas que deben ser emitidas por la Defensoría del Pueblo.