La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, inauguró el CAF de Puerto Tejada, que estará al servicio de los 42.000 habitantes de esta población y de otros municipios vecinos como Padilla, Miranda, Corinto, Villa Rica, Caloto, Guachené y Santander de Quilichao.
“Nuestra misión como Fiscalía es adaptar nuestras acciones a las realidades específicas de los municipios, de las zonas apartadas, también con la lectura de las ciudades capitales para lograr resultados más efectivos, más en sintonía de lo que pasa en cada uno de estos sitios”, aseguró la fiscal general.
Los ciudadanos podrán acudir para denunciar cualquier delito y recibir orientación en caso de ser víctimas del conflicto armado, de cualquier manifestación de violencia de género o vulneración a los derechos humanos. Cada reporte recibido será valorado y enrutado a la institución que por competencia le corresponda su atención.
“El centro de atención cumple un segundo objetivo de nuestro direccionamiento, que es el fortalecimiento de las rutas de atención a las víctimas, a través de lugares como este que buscan ante todo ser espacios de protección, de reparación y de restauración, donde las víctimas encuentren no solo justicia punitiva, sino un acompañamiento integral para superar los efectos del delito”, precisó la fiscal general en su intervención.
El equipo humano está integrado por un fiscal y su asistente, dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dos receptores de denuncias (uno de ellos de la Alcaldía de Puerto Tejada), un facilitador de peticiones y quejas, un médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal para valoración clínica, un integrante del Departamento de Policía Cauca para brindar orientación en casos de convivencia ciudadana y Código de Policía, un servidor de derechos humanos de la Gobernación de Cauca, dos sicólogos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y un representante de víctimas de la Defensoría del Pueblo.
“Somos conscientes de que un centro de atención no lo compone solo un espacio físico, las instalaciones o el mobiliario, sino el personal capacitado y comprometido con prestar un servicio de calidad, un servicio humano, empático y cercano a las personas. La función pública de la justicia no implica solo emitir acusaciones o dictar sentencias, tiene que ver con recibir un trato digno”, concluyó la fiscal general de la Nación.