El partido Farc denunció en su cuenta de Twitter el asesinato del reincorporado Benjamín Banguera Rosales en el municipio de Guapi, Cauca. La información preliminar indica que hombres armados le propinaron dos disparos.
La colectividad política hizo un llamado al Gobierno para que dé garantías en la implementación de los Acuerdos de Paz y en la seguridad de los ex combatientes señalando que están comprometidos con la paz “a pesar de la muerte que nos acosa”.
El 31 de diciembre de 2019, por medio de un comunicado, la colectividad política señaló que el gobierno “ha sido negligente para garantizar la finalidad reparadora de los bienes” y agrega que tampoco se ha garantizado un proceso eficaz de garantías de seguridad y protección para los excombatientes.
Ante esto, El Alto Consejero para la Estabilización, Emilio Archila, quien señaló que “el gobierno no ha escatimado esfuerzos en la protección de estas personas que permanecen en la legalidad” destacando que en los 24 antiguos ETCR hay “un batallón completo de ejército y policía” destinado a proteger los reincorporados y sus familias.
Según la ONU, a cierre del 2019 y desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, al menos 173 excombatientes fueron asesinados, en 2019 murieron 77 reincorporados convirtiéndose en el año donde más reincorporados murieron por causas violentas. Naciones Unidas reconoce mejoría en la seguridad pero reitera que “las comunidades continúan siendo atacadas por grupos armados ilegales donde la limitada presencia del Estado ha dejado vacíos institucionales“.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó estar alarmada por los combates en medio de comunidades étnicas y reincorporadas en departamentos como Cauca y Chocó y hace un llamado a adoptar “medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes” y comunidades étnicas.