Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado dijo que estiman que en el país se presentaron más de 6.000 casos de falsos positivos en el periodo comprendido entre 2002 y 2009.
“Acá hubo una clara política de impunidad y un pacto de silencio por parte de los militares. Todos los casos han pasado por la Justicia Penal Militar y lo que se hizo fue legitimar estos hechos”, dijo Arboleda.
Frente al caso del cementerio de Dabeiba, Antioquia, donde estaría la primera fosa común de ejecuciones extrajudiciales, señaló que allí el Ejército se tomó el trabajo de destinar personal especialmente para borrar todas las pistas sobre los falsos positivos.
“Yo estuve en los primeros días de diligencia y el militar señalaba como intervenía en la morgue para borrar los rastros que pudieran identificar a las víctimas”, explicó.
Agregó que para este caso la misma situación se podría presentar en otros cinco cementerios de Dabebia, por lo que se pidieron medidas cautelares a la justicia para proteger lo que podría ser material probatorio.