El Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Apartadó admitió formalmente una demanda que busca la reparación integral de los derechos territoriales del Resguardo Indígena El Volao. La acción judicial pretende restituir un área de 1.019 hectáreas en beneficio de 3.080 personas, integradas en 976 familias que han sido históricamente vulneradas en esta zona de la subregión de Urabá.
La pieza jurídica fue radicada por la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras URT tras un exhaustivo proceso de un año de labores de campo. Durante este periodo, el equipo de Asuntos Étnicos de la entidad consolidó material probatorio mediante caracterizaciones, entrevistas, asambleas comunitarias y recorridos territoriales, logrando documentar las afectaciones sufridas por las 10 comunidades del pueblo Zenú que conforman el resguardo.
José Alberto Kunzell, director territorial de la URT en Apartadó, celebró el avance procesal destacando que la admisión de la demanda es un paso crucial para garantizar los derechos de las comunidades étnicas. El funcionario enfatizó que la prioridad institucional es asegurar que la restitución en el Urabá sea una realidad tangible tanto para campesinos como para comunidades indígenas y demás víctimas del conflicto armado.
Por su parte, la lideresa de El Volao, Aida Suárez, calificó este hecho como un logro trascendental tras décadas de olvido y violaciones sistemáticas a sus derechos. Según Suárez, este avance refleja un compromiso efectivo por parte del Gobierno y la Unidad de Restitución de Tierras en el cumplimiento de las deudas históricas con los pueblos indígenas, permitiéndoles soñar con una reparación definitiva.
Además de la recuperación de la tierra, la demanda contempla una serie de medidas de protección y desarrollo social. Entre las pretensiones se incluye la solicitud a la Agencia Nacional de Tierras para la ampliación del resguardo, así como la creación de estrategias para prevenir el reclutamiento forzado y el abuso de menores. Asimismo, se busca establecer planes efectivos para el retorno de la población desplazada y la búsqueda de líderes indígenas desaparecidos.
Este proceso judicial responde a un oscuro historial de violencia ocurrido entre 1980 y la década de los 2000. Durante este tiempo, las comunidades de El Volao fueron blanco de masacres, extorsiones, asesinatos de caciques y confinamientos que fracturaron su tejido social. Con esta demanda, se espera mitigar el impacto de estos hechos victimizantes y reducir la exposición de la comunidad ante posibles riesgos de desastres naturales en su territorio.