En un esfuerzo por garantizar los derechos territoriales de las poblaciones más vulnerables, la Convocatoria de Litigio Estratégico anunció resultados históricos tras una inversión de $1,25 millones de dólares. Esta iniciativa logró beneficiar a más de 3.200 personas organizadas en colectivos campesinos y étnicos, así como a víctimas de despojo y desplazamiento forzado en diversas regiones del país.
Durante el evento de cierre de la convocatoria en Bogotá, los representantes de las organizaciones sociales vinculadas destacaron el impacto humano del proyecto. Cecilia Lozado Camacho, lideresa de la Asociación de Mujeres Campesinas Desplazadas del Meta ASOMUDEM, compartió un testimonio conmovedor sobre la lucha de las mujeres de Mapiripán. Lozado enfatizó que, tras años de desplazamiento, la organización ha transformado el dolor en una búsqueda activa de justicia, recuperando la confianza en la institucionalidad y manteniendo firme la esperanza de retornar a sus tierras.
En términos de gestión jurídica, la estrategia permitió la presentación de dos demandas colectivas en los departamentos de Córdoba y Cauca. Además, se entregaron tres rutas de litigio específicas para comunidades negras y tres más con un enfoque de género, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la participación de la Agencia Nacional de Tierras en casos priorizados. El balance incluye también la consolidación de informes de afectaciones y la orientación técnica para la ampliación de títulos colectivos.
El éxito de la iniciativa se atribuye a la colaboración con organizaciones de alto perfil técnico como la Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente, Yira Castro e Hileros. Según Paula Villa, directora jurídica de la Unidad de Restitución de Tierras URT, este convenio representa un logro administrativo fundamental al “colectivizar el proceso de restitución”, permitiendo abordar casos de difícil resolución y una lectura integral del territorio.
Finalmente, Alice Beccaro, coordinadora del Fondo Multidonante, resaltó que la alianza entre la URT y la sociedad civil ha sido clave para potenciar estos procesos. Ante los resultados positivos, se anunció la planeación de una nueva Convocatoria de Litigio Estratégico, la cual estará enfocada prioritariamente en zonas de especial interés ambiental para continuar con la protección de los derechos territoriales.