La reciente decisión adoptada por el Gobierno Nacional mediante la expedición del Decreto 0526 de 2026 ha encendido las alarmas en el departamento del Cauca, al poner en riesgo directo la estabilidad financiera de cientos de miles de hogares vulnerables. De acuerdo con las primeras proyecciones, la aplicación de esta normativa podría derivar en incrementos tarifarios de hasta un 30% en las facturas de energía eléctrica, impactando con severidad la economía de las comunidades menos favorecidas de la región.
Lo que desde la administración central se ha calificado como un simple ajuste administrativo al Fondo de Energía Social FOES, en el contexto del departamento del Cauca representa una medida con profundas y preocupantes repercusiones de carácter social y económico. Esta reforma modifica la asignación y el destino de los recursos financieros del fondo, comprometiendo de manera directa la continuidad del beneficio de subsidios que históricamente había facilitado el acceso al servicio de energía en condiciones más favorables y equitativas para miles de familias de bajos ingresos.
Dentro de las disposiciones técnicas que estipula el nuevo marco normativo, se ordena formalmente que a partir del 1 de junio de 2027 se elimine el esquema de facturación comunitaria en las denominadas Áreas Rurales de Menor Desarrollo y en las Zonas de Difícil Gestión. Cabe precisar que las ARMD son aquellos sectores rurales que, según los datos oficiales de necesidades básicas insatisfechas del DANE, padecen condiciones de pobreza estructural con índices superiores al 54,4%, evidenciando marcadas deficiencias en materia de vivienda, servicios públicos esenciales y oportunidades de ingresos. Por otra parte, las ZDG abarcan territorios con severas complejidades operativas y una cartera vencida históricamente alta, registrando pérdidas de energía que superan el 40% en comunidades categorizadas rigurosamente en los estratos 1 y 2.
El balance proyectado para la región bajo estos nuevos lineamientos es crítico, calculándose una afectación directa sobre 178.000 usuarios en todo el territorio caucano, además de un impacto colateral e indirecto para el resto de la población. El potencial incremento del 30% en el costo del servicio eléctrico golpeará de manera directa a los hogares con menores recursos económicos, ensañándose de forma particular con las áreas rurales dispersas y aquellas zonas que históricamente han sido víctimas de la violencia, la desigualdad estructural y el abandono por parte de las instituciones estatales.
