En un desarrollo significativo del secuestro de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca, las disidencias de las FARC, específicamente el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, emitieron un comunicado hoy en el que anuncian el inicio de un protocolo para su liberación. La noticia llega tras días de incertidumbre y llamados a la liberación de los rehenes.
Según el comunicado, con fecha del 22 de julio de 2025 y titulado “FARC-EP, 61 Años de Lucha”, el grupo armado ha iniciado “un protocolo para la liberación de los 9 funcionarios retenidos por las FARC-EP” y se comprometen a “replegarse por 72 horas para así garantizar las condiciones mínimas de seguridad”. Este anuncio, en el punto seis del comunicado, representa la primera señal concreta de un proceso de liberación por parte de los secuestradores.
El documento también aborda las razones detrás de la retención, afirmando que los funcionarios están vinculados a un proyecto de “aprovisionamiento militar” valorado en más de $4.120 millones, que “no corresponde con sus funciones”. Las disidencias acusan a la Gobernación del Cauca de presunta “articulación” con el Ejército Nacional para “debilitar” al grupo armado.
En el comunicado, las disidencias exigen que la Gobernación del Cauca “cumpla con lo solicitado en la información del Ministerio de Defensa sobre las alianzas permanentes entre la fuerza pública y grupos paramilitares”, y que se “reclamarán como Ejército de Liberación Nacional”. Además, solicitan la extradición del exgobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y su familia, a quienes responsabilizan por “la explotación minera de manera particular” y el “despojo de propiedades de la comunidad y de familiares”.
El comunicado finaliza con un mensaje a los familiares de los secuestrados, asegurando que estos “se encuentran en el área, están sanos y salvos”, y que han sido “tratados de la mejor manera posible”. Las disidencias lamentan la instrumentalización de la Gobernación del Cauca.
Las autoridades del Cauca no se han pronunciado de inmediato sobre este comunicado. Sin embargo, la noticia genera esperanza entre los familiares de los secuestrados y la comunidad en general, quienes han exigido su liberación inmediata desde que se conoció el secuestro el pasado 17 de julio en el municipio de López de Micay.
La implementación de este protocolo y la eventual liberación de los funcionarios serán monitoreadas de cerca por las autoridades y organizaciones humanitarias.
