La Jurisdicción Especial para la Paz JEP, dio un paso significativo en la respuesta a las víctimas del conflicto armado al ordenar la protección de cinco cementerios en el norte del Cauca. Esta decisión, motivada por la solicitud de comunidades negras y afrocolombianas acreditadas en el Caso 05, busca resguardar sitios donde se presume la inhumación de personas desaparecidas. Como resultado de las primeras intervenciones forenses en el municipio de Corinto, se logró la recuperación de ocho cuerpos, de los cuales cinco fueron trasladados a Medicina Legal para avanzar en su identificación al presentar signos de muerte violenta.
Los hallazgos se concentraron específicamente en diversos pabellones del cementerio de Miranda, Cauca, donde los equipos técnicos intervinieron las estructuras de San Gabriel, San Antonio y San Rafael. Además de los cuerpos recuperados, los expertos documentaron la ubicación de otros dos restos que, aunque aparecen como identificados, no han sido reclamados por sus familiares. Estas labores, realizadas en jornadas repartidas entre noviembre de 2025 y enero de 2026, forman parte de una medida cautelar integral que abarca camposantos en Corinto y Miranda, asegurando su conservación material y simbólica.
El proceso investigativo que sustenta estas exhumaciones fue liderado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). A través de seis estrategias de investigación humanitaria, que incluyen desde la revisión de archivos parroquiales hasta la recolección de muestras genéticas de familiares, la JEP busca reducir el universo de personas dadas por desaparecidas en la región. Este esfuerzo se articula con la Gobernación del Cauca para mejorar la infraestructura de los cementerios y fortalecer las capacidades técnicas necesarias para el manejo de hallazgos forenses.
Estas acciones representan un avance en el marco del Caso 05, el cual prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, zonas históricamente golpeadas por la violencia. Con la identificación previa de 21 máximos responsables, de los cuales nueve ya han reconocido su responsabilidad, la JEP reafirma su compromiso con la dignificación de las víctimas. Cada cuerpo recuperado no solo representa un avance científico, sino una respuesta concreta al clamor de las familias que han buscado a sus seres queridos durante décadas en medio del anonimato.