La Unidad de Restitución de Tierras URT, a través de su Dirección Territorial para los departamentos de Cauca y Huila, ha presentado un balance de gestión que refleja resultados sin precedentes en la atención a las víctimas del conflicto armado. Este avance institucional ha permitido el acceso a zonas de difícil gestión por condiciones de orden público, logrando que, desde la implementación de la ley en 2011 hasta el cierre de 2025, se hayan inscrito aproximadamente 905.890 hectáreas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente solo en el departamento del Cauca. Estas cifras exponen la magnitud del despojo en una región históricamente afectada por la violencia y la limitada presencia estatal en décadas anteriores.

Un cambio significativo en la estrategia actual ha sido la reversión de la tendencia hacia la negación de solicitudes. De las 1.655 decisiones de fondo tomadas por el equipo jurídico, el 57% resultó en inscripciones efectivas, permitiendo que un mayor número de solicitantes avance hacia la recuperación de sus predios. Asimismo, se destaca la caracterización de 26 territorios colectivos que suman 415.593 hectáreas, lo cual representa el 46% de toda la tierra inscrita durante los últimos quince años, consolidando una base sólida para la seguridad jurídica de las comunidades rurales.

En lo que respecta a la ruta colectiva y el enfoque étnico, el actual periodo de gobierno ha emitido doce fallos de restitución que cubren 274.12 hectáreas, cifra que equivale al 77% de todo lo logrado desde la creación de la Ley 1448. Estas sentencias han favorecido directamente a siete consejos comunitarios y cinco resguardos indígenas, incluyendo uno en el Huila, beneficiando a un total de 16.928 personas. Este impulso busca saldar la deuda histórica con las poblaciones étnicas, garantizando no solo el retorno a la tierra, sino la protección de su autonomía y cultura.

Para dar soporte a estas reclamaciones, la Dirección Territorial ha radicado 52 demandas colectivas que buscan la restitución de 891.692 hectáreas. Es notable que el 73% de estas acciones judiciales se iniciaron durante la presente administración, cubriendo 452.794 hectáreas. Para agilizar estos procesos, el trabajo conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura permitió la creación de dos nuevos juzgados especializados, fortaleciendo la capacidad de respuesta con tres despachos en Popayán y uno en Neiva, asegurando así un trámite más expedito para las víctimas.