En un hecho histórico para la justicia transicional en el departamento del Meta, la Unidad de Restitución de Tierras materializó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ y ‘Los Caracoles’ a una familia que había sido despojada por grupos paramilitares de sus terrenos, que en su conjunto suman más de 2.728 hectáreas en la zona rural del municipio de Mapiripán, donde se dio estricto cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. El procedimiento en terreno estuvo liderado por un profesional catastral de la entidad, con el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal.
La tragedia de esta familia comenzó a gestarse en el año 2000, apenas dos años después de haber adquirido y comenzado a cultivar las tierras, debido a la fuerte presencia de grupos armados ilegales en la región. Inicialmente, las presiones llegaron por parte de las Farc a través de constantes extorsiones y amenazas directas, entre ellas el intento de reclutamiento forzado de los hijos menores de edad, una situación insostenible que provocó el primer desplazamiento de varios miembros del núcleo familiar.
Posteriormente, la situación se agravó con la incursión de los paramilitares del Bloque Centauros de las Auc, quienes saquearon la propiedad y hurtaron 200 cabezas de ganado. El incremento de la violencia obligó al propietario a abandonar definitivamente los terrenos en 2004. Años más tarde, emisarios de Pedro Oliverio Guerrero Castillo, conocido con el alias de “Cuchillo”, citaron al labriego para informarle que las fincas estaban bajo su control absoluto, forzándolo a firmar documentos en blanco para legalizar de manera fraudulenta el despojo.
Al evaluar estos hechos, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que los reclamantes ostentan la calidad de víctimas y ordenó la restitución inmediata de los predios, desestimando la buena fe de los opositores actuales al reconocer que cualquier transacción previa estuvo completamente viciada por la violencia. Aura Bolívar, directora territorial encargada de la entidad en el Meta, destacó que este caso es emblemático por el doble desplazamiento que padeció la familia, y reafirmó el compromiso del Gobierno nacional por hacer efectivas la reparación integral y la dignidad en los territorios más golpeados por el conflicto armado.