Por medio de una carta, dirigida al Ministerio de Justicia, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, hizo reparos al proyecto que contempla reanudar la aspersión aérea con glifosato, como parte de un proceso preventivo de defensa de los intereses de la sociedad.
En el documento, Carrillo afirma que volver a utilizar el glifosato en las aspersiones aéreas debe contemplar “un mecanismo de protección al medio ambiente” y los intereses de la sociedad, en respeto de los protocolos fijados por la Corte Constitucional en varias sentencias como la T-236 de 2017.
El jefe del Ministerio Público detalló que en estas sentencias hay un mínimo de requisitos “que constituyen ese protocolo y que deben ser cumplidos satisfactoriamente para reanudar las aspersiones aéreas y esos reparos tienen que ver con el principio de precaución”.
Fernando Carrillo advirtió que hay inconsistencias en el proyecto de Decreto como la no presentación de elementos que contemplen medidas de sustitución voluntaria de cara a la reanudación del método de erradicación con glifosato. Tampoco se consideran estrategias para que las familias campesinas que subsisten de los cultivos ilícitos superen las condiciones de pobreza y marginalidad
Desde la Procuraduría se resaltó que este proyecto tampoco cumpliría con el Acuerdo Paz firmado entre el Gobierno y las Farc. “Nos parece que hay que definir qué es lo que el gobierno quiere en la política de sustitución de cultivos ilícitos, porque hasta la fecha no ha hecho públicas las estrategias que pondrá en marcha para cumplir con lo establecido en el acuerdo”, señaló Carrillo.
El funcionario concluyó que las investigaciones de cara a las repercusiones de fumigar con glifosato deberían pasar por revisiones técnicas, preferiblemente, con apoyo internacional por parte de un “órgano de carácter científico con reconocimiento internacional, ojalá en el ámbito de Naciones Unidas”.